Afrodescendientes ganan 'round' a palmicultores: les devolverán casi 18.000 hectáreas

130 hectáreas que entre 1990 y 1992 les asignó el antiguo Incora a 4 campesinos de Riosucio (Chocó) cambiaron de dueños y se les multiplicaron a sus actuales poseedores, hasta llegar hoy a 17.816.

Todo indica que el ensanche de esos terrenos (de colonos y palmicultores) se logró corriendo ilegalmente linderos hacia un terreno de 105 mil hectáreas que el Gobierno les asignó en el 2000 a las comunidades negras de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, según el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

Por eso el Incoder, que asumió las funciones del Incora, y la Superintendencia de Notariado y Registro, acaban de congelar esos predios. Es decir que nadie los podrá negociar y les serán restituidos a las comunidades negras.

En el área cuestionada hay cerca de 8.000 hectáreas cultivadas o preparadas para sembrar palma de aceite con créditos y subsidios del Gobierno Nacional. Por eso, Arias anunció que iniciará un proceso para quitarles esa plata a las compañías Urapalma, Palmas de Urabá y Palmadó.

"En las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos inflaron la tierra desmesuradamente con decisiones unilaterales que consideramos anormales", anota Arias.

De hecho, la Procuraduría y la Fiscalía ya investigan posible corrupción en entidades locales y nacionales.

Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que detrás del asentamiento de los palmicultores hubo cerca de 120 muertes y desapariciones y ocurrió el desplazamiento de unas 1.500 personas por paramilitares.

Cuatro predios en cuestión

Uno de los títulos anulados es el de la finca Santa Teotisa, en la vereda Llano Rico. El 31 de octubre de 1990 fue registrado por Lino Antonio Díaz con 18 hectáreas. Pero, desde el 24 de mayo del 2000 se convirtieron en 5.927 mediante una actualización de linderos en la notaría única de San Jacinto (Bolívar).

Ese mismo año le cedieron las tierras a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en Urabá.

También, Jeremías Durango Guisao tenía 23 hectáreas del baldío Bellavista (vereda Caño Claro) y en octubre del 2002 empezó a medir 2.627 en la Notaría Única de Carepa (Antioquia).

En ese mismo año lo cedió a la Asociación de Antiguos Vecinos de la Cuenca del río Curvaradó y Zonas Aledañas, que un en el 2003 le traspasó a la sociedad Ganadera Recife.

Luis Urango Quintero poseía 55 hectáreas de la finca Para qué Más y empezó a figurar con 5.055 desde octubre del 2002 luego de un trámite adelantado en la notaría de Carepa. Urango se la habría vendido luego a la Asociación de Vecinos del río Curvaradó y a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma.

La Nevera, en la vereda Caño Claro, pasó de 33 a 4.207 hectáreas. Era de Sixto Pérez Díaz, que aparece vendiéndola en el 2002 a los Pequeños Cultivadores de Palma.

Lo curioso en el caso de Lino Díaz es que el 'ensanche' y traspaso de sus tierras lo hizo un supuesto apoderado suyo cuatro años después de que su cadáver apareció flotando en un río. Los poseedores de las otras tres extensiones son desplazados, según un vocero de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la ONG que asesora a campesinos reclamantes.

Falta devolución real

La ONG reconoce que el congelamiento de las tierras es un paso positivo, pero dice que falta la entrega real.

"Mientras tanto los palmicultores siguen adelantando cortes de madera, trazan vías y canalizan aguas en las tierras que les corresponden a las comunidades", agrega.

Irvin Bernal, quien representa a 14 empresarios de la palma, advierte que habían invertido entre 65.000 y 70.000 millones de pesos en obras que no se pueden llevar y que desde que se inició este proceso andan ilíquidos porque se frenaron los cultivos.

"Esperamos que se pueda llegar a una concertación tanto con las comunidades como con el Estado", dijo.

Así se estiraron tierras ribereñas

Además de las 17.816 hectáreas cuyos títulos fueron revocados, el Gobierno ya había cancelado los de 11.500 hectáreas porque halló que se dieron con documentos falsos y trámites fraudulentos.

Otras 8.000 hectáreas que también estaban en disputa les fueron entregadas a colonos que demostraron la legitimidad de su posesión.

En total, se investigaba la propiedad sobre unas 37 mil hectáreas que se habían ampliado bajo la figura de accesión.

La Real Academia de la Lengua define este término como "modo de adquirir el dominio, según el cual el propietario de una cosa hace suyo no solo lo que ella produce sino también lo que se le une o incorpora por obra de la naturaleza o del hombre".

Los palmicultores dicen que el cambio en el cauce de los dos ríos amplió la orilla hacia las tierras que hoy ocupan sus cultivos.

Según ellos, allí no hubo desplazamiento sino que cuando ellos llegaron, la zona estaba abandonada debido al terror que impuso la guerrilla y los colonos posteriores les vendieron o cedieron en arriendo los terrenos.

Luego, la Ley 70 de 1993 reconoció la propiedad colectiva de los afrodescendientes sobre estas tierras y dejó en el limbo a los nuevos ocupantes. Tales argumentos parece que no convencieron al Gobierno.

MEDELLÍN