- La nueva administración realizó seis revocatorias de procesos contractuales de vigilancia, gestión de archivo, licencias y seguros, por cerca de $110.000 millones, para revisar su estructuración y reiniciarlos con una mejor planeación.
- Dos que ya fueron revocados y se les hizo un mejor ejercicio de planeación, se logró una reducción de $4.780 millones.
- La lupa se puso sobre los procesos contractuales de la entidad y los resultados encendieron las alertas. Con corte al 30 de octubre, la entidad registra una reducción de 620 contratos de prestación de servicios, equivalente a cerca de $23.000 millones.
Bogotá, 10 de noviembre de 2026. Una revisión a fondo de la contratación, decisiones para corregir deficiencias de planeación y medidas orientadas a optimizar los recursos públicos. Ese es el balance de las primeras actuaciones de la nueva administración de la Superintendencia de Notariado y Registro, liderada por el doctor Joaquín José Méndez Llach, en cumplimiento de las directrices del presidente Abelardo de la Espriella.
Entre el 22 de junio y el 18 de agosto de 2026 se suscribieron 351 contratos, por $8.000 millones. De estos, 91 fueron firmados el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
En el ejercicio de revisión se identificaron 72 contratos con baja ejecución, en los que las evidencias disponibles no daban cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas. Frente a estas situaciones, la entidad adelantó las actuaciones correspondientes y procedió a su terminación anticipada.
Adicionalmente, se encontraron siete contratos de prestación de servicios con ejecución nula, cuyos honorarios superaban los $12 millones mensuales. Entre los casos identificados figura una persona que no reside en Colombia.
Estos hallazgos llevaron a fortalecer los mecanismos de seguimiento y verificación contractual, bajo una premisa: los recursos públicos deben estar respaldados por obligaciones efectivamente cumplidas y resultados demostrables.
Seis procesos contractuales por $110.000 millones fueron revocados
Uno de los resultados más significativos de la revisión fue la decisión de realizar seis revocatorias de procesos contractuales relacionados con vigilancia, gestión de archivo, licencias y seguros, cuyo valor conjunto ascendía aproximadamente a $110.000 millones.
La administración determinó que estos procesos requerían una revisión de sus condiciones y de su planeación antes de avanzar nuevamente. Actualmente, se encuentran en evaluación para ser reiniciados con una mejor estructuración, de acuerdo con las necesidades reales de la entidad y bajo criterios de eficiencia y responsabilidad en el gasto.
La decisión busca evitar que se comprometan recursos públicos en procesos que no cuenten con una adecuada justificación y planeación.
De $4.000 millones a $620 millones: ajustes que marcan la diferencia
La revisión también permitió identificar oportunidades concretas de optimización presupuestal. En el proceso de soporte de licencias, el valor pasó de $8.300 millones a $6.900 millones, y actualmente se adelanta una nueva convocatoria con las condiciones ajustadas.
Un caso aún más representativo es el del suministro de tóneres, cuyo proceso contractual pasó de una estimación inicial de $4.000 millones a $620 millones, luego de identificar deficiencias en la planeación y ajustar los requerimientos a las necesidades reales de la institución.
Estas modificaciones evidencian la importancia de revisar cada proceso antes de comprometer los recursos públicos y de garantizar que las contrataciones respondan a criterios de necesidad, proporcionalidad y eficiencia, y equivale a una reducción total de $4.780 millones.
La nueva administración reafirma así su compromiso con la transparencia, la vigilancia y el manejo responsable de los recursos públicos. Así construimos la Patria Milagro: con decisiones, eficiencia, resultados y cuentas claras.