• El objetivo es frenar el otorgamiento de predios de la Nación a personas que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

• La SNR apoya a las entidades involucradas en este proceso y garantiza la debida prestación del servicio público registral.

Cali, diciembre 5 de 2023 – SNR –  Esta semana, el Valle del Cauca se convirtió en el escenario del ejercicio de socialización de la sentencia SU-288 de 2022 emanada por la Corte Constitucional, que busca detener la entrega irregular de baldíos y que el Estado recupere aquellos que están en manos de terratenientes gracias a una orden judicial.

La Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras entidades, están reunidos desde hoy en el Hotel Granada Real de Cali, con campesinos, jóvenes, mujeres rurales y víctimas de la violencia, provenientes de los 42 municipios de este departamento.

La jornada corresponde al plan de socialización con el que se está involucrando a las comunidades de todo el país, para darles a conocer la sentencia, lo que ella representa y lo que cada una de las instituciones está haciendo.

“La SNR vela por el respeto a la propiedad privada en Colombia. Esto implica que tenemos un reto inmenso con el campesinado colombiano. Cumplir con lo dispuesto por la Corte es cumplirles a nuestros campesinos”, aseguró el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo.

De acuerdo con el funcionario, la Supernotariado apoya a los demás organismos en el acatamiento de la sentencia y garantiza la prestación efectiva del servicio público registral. El objetivo es evitar que los jueces de la República, quienes no tienen potestad para ello, entreguen baldíos a particulares de forma indebida.

“Nos corresponde, como Estado, hacer un ordenamiento social de la propiedad. Facilitar a las comunidades campesinas y los trabajadores agrarios el acceso progresivo a la tierra. De esta forma, garantizaremos los derechos de propiedad y contribuiremos a la disminución de los índices de desigualdad y pobreza”, puntualizó.

La orden

La Corte instó al Gobierno Nacional a adelantar acciones para solucionar el conflicto de competencias entre la Agencia Nacional de Tierras y aquellos funcionarios judiciales, encargados de administrar justicia, que cometieron el error de ceder estos terrenos a través de procesos de pertenencia.

Según lo establecido por el alto tribunal, hay bienes inmuebles de la Nación que fueron concedidos a personas que no cumplen con los requisitos definidos por la ley. Se trata de predios otorgados por una autoridad que no es competente para ello.

Por esta razón, el órgano responsable de guardar la integridad de la Carta Política ordenó a varias instituciones del Estado, entre ellas la Superintendencia de Notariado y Registro, trabajar en conjunto para identificar estos casos y construir planes y estrategias que permitan regularizar la situación.

Para más información ingrese a: www.supernotariado.gov.co