- Cifras importantes se dieron a conocer durante el acto de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en Bucaramanga.
- La Supernotariado confirmó la entrega de 15.550 títulos de propiedad, con los que ha brindado seguridad jurídica a miles de familias.
Bucaramanga, junio 27 de 2025 – SNR – Durante el proceso de implementación del ‘Acuerdo de Paz’, en Colombia las mujeres han adquirido cada vez mayor importancia. Cerca de 77.000 de ellas -de un universo de 140.000 personas- se beneficiaron con mecanismos de resolución de conflictos.
El exitoso resultado, producido en diferentes zonas del país tras aplicar herramientas como la conciliación en derecho y en equidad, representa un avance en cuanto a soluciones reales de conflictos, incluso en los relacionados con uso y tenencia de la tierra en los territorios.
Este es sólo uno de los logros que se dieron a conocer durante la rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho, evento que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.
Lucha contra la ilegalidad
Durante la jornada, el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, confirmó que esta entidad, adscrita al Ministerio de Justicia, ha entregado 15.550 títulos y ha contribuido, de esta manera, a la seguridad jurídica de miles de familias.
“El Gobierno Nacional tiene claro que es imprescindible seguir avanzando efectiva y eficazmente en la construcción de la paz. Este tipo de acciones, como entregar a una familia en condición de vulnerabilidad su título de propiedad, son las que cimientan ese anhelo”, afirmó.
Rodríguez indicó, además, que se han realizado 200 jornadas de atención y orientación a la ciudadanía y que, en lo relacionado con la ‘Reforma Agraria’, se ha hecho seguimiento detallado a 17.924 actos radicados por la Agencia Nacional de Tierras. Todos, debidamente inscritos.
Mujeres conciliadoras
La directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Adriana Ferrer, señaló que otra de las cifras que llaman la atención es que, de 8.862 personas que se convirtieron en conciliadoras en 2024, 5.224 mujeres le apuestan a la mediación en conflictos para evitar cualquier diferencia y evitan que se escale a instancias legales o hechos de violencia.
Entre tanto, la asesora del Viceministerio de Promoción de la Justicia, María Mónica Parada, entregó detalles acerca de la aprobación del acto legislativo que reformó la Constitución e incorporó la jurisdicción agraria y rural a la Rama Judicial.
“Lo que se pretende, entre otros aspectos, es solucionar de forma rápida y sencilla las disputas agrarias; garantizar los derechos de todos los actores rurales; y reconocer la especial protección que cobija al campesinado y a las comunidades étnicas que habitan en la ruralidad”, expresó.
Más inversión
La directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Jenny Fagua, confirmó que, a través del Banco de Proyectos que apoyan las Naciones Unidas con una inversión superior a los 9.000 millones de pesos, se financiaron 14 proyectos productivos en territorios del ‘Acuerdo de Paz’. Gracias a ello, en la vigencia 2024 fueron beneficiadas 1.200 personas.
Por su parte, la líder de la Ley de Utilidad Pública, Isabel Maldonado, se refirió a los beneficios que ha reportado dicha iniciativa para mujeres cabeza de familia en condiciones de marginalidad, que cometieron delitos relacionados con drogas y que están pagando condenas de ocho años o menos.
Hoy, 165 de ellas cumplen su condena con servicios sociales; 13, en Santander. En total, son 2.549 cupos los que se han habilitado para tal fin.
“Esta ley es una norma histórica que reconoce que el castigo no es el único camino. Es una iniciativa que ofrece alternatividad penal a través de servicios sociales con enfoque restaurativo y de género”, aseguró la directora de Justicia Transicional y directora (e) de Política Criminal y Penitenciaria, Diana Flórez.
En otro frente, la experta en justicia transicional y restaurativa, Natalia Mendivelso, explicó cómo se materializarán las sanciones previstas para los comparecientes de las extintas Farc, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que se creó para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
Así, la rendición de cuentas del Ministerio de Justicia ratificó el compromiso del ‘Gobierno del Cambio’ con la defensa de los derechos de las mujeres y de las poblaciones menos favorecidas.